El informe de la Comisión Nacional de la Competencia sobre el Anteproyecto de Ley de Reequilibrio de la Cadena Alimentaria, de 18 páginas, se puede consultar en Internet.
Hay que reconocerle a la Comisión que se lo ha currado, ya que es obvio que han estudiado a fondo el proyecto y que han resaltado sus puntos débiles, tal vez incluso con un poco de ensañamiento, pero también armados con poderosos argumentos: la eficiencia económica y el bienestar del consumidor.
De hecho, hay algunos puntos en los que es difícil estar en contra. El MAGRAMA ha optado por un régimen mixto en el que conviven la normativa administrativa con el autocontrol mediante códigos de buenas practicas. Es cierto que suele ser lo uno o lo otro, y que puede resultar un tanto absurdo ese doble régimen. En este sentido la Ley podría reseñar la dirección en que la que debieran ir los mínimos del Código de Buenas Prácticas (uno), si esa es la opción elegida (y por la que parece apostar la CNC), o limitarse a enumerar las obligaciones de los agentes, opción que no parece gustarle demasiado a la Comisión a tenor de sus argumentaciones al respecto de que podría poner en peligro la eficiencia de la cadena y el bienestar de los consumidores.
Por otra parte, hay cuestiones mucho más discutibles. Para empezar, la primera crítica vertida sobre el proyecto y que deja clara por dónde va a ir el resto del documento. Se explica que, dado que se espera una regulación comunitaria al respecto, puede resultar caro para los agentes y para la propia Administración la creación de una normativa que pueda verse modificada a corto plazo o, a lo peor, contradicha. No le faltaría razón a la CNC si no estuviéramos hablando de la UE, una maquinaria perfectamente engrasada para retrasar las decisiones y eternizar el proceso de creación de nueva normativa. Por tanto, esta argumentación no puede contar con mi beneplácito si, como parece, la normativa estatal puede hacer algo ante un problema que no es futuro sino muy presente. Además, supongo que el Ministerio, por inocente que sea, habrá incorporado en su normativa la mayor parte de las cuestiones de las que se estén hablando en Bruselas, precisamente para evitar tener que modificar en lo sustancial su propia legislación a corto plazo.
Asimismo, el informe argumenta que muchos de los comportamientos que se regulan en el Anteproyecto ya están contempladas en otras normativas, y que el problema es que o bien no se aplican o bien ni los agentes que sufren las posibles prácticas abusivas ni las administraciones con capacidad inician los procedimientos establecidos. La verdad es que este argumento es muy potente, pues efectivamente existe una regulación de la competencia amplia en España. Pero también resulta evidente que no está funcionando. Tal vez sea precisamente porque el sistema no es eficiente desde el punto de vista de la distribución adecuada de los beneficios y de las responsabilidades de cada uno, que existan problemas de excesiva tensión en algunas de las partes de la propia cadena. O tal vez sea que los agentes son unos “quejicas” y, en realidad, sólo sea una leyenda urbana que en España se esté vendiendo el litro de leche por debajo de los costes de producción...
Pero, qué hacer. Está claro que la Comisión no parece que se vaya estar conforme con algo más allá que un marco general y la posibilidad de suscribir un código de buenas prácticas (y no 17). Es decir, en la práctica, el poder coercitivo de la ley va a quedar, si nada lo remedia, en agua de borrajas. Esta conclusión tiene dos posibles soluciones, como una ecuación de segundo grado: o se dejan llevar por la melancolía, sobre todo los agentes de aguas arriba, y siguen viéndolas venir cruzando los dedos; o bien se opta por la vía de la concentración y la ganancia de tamaño acelerada en esos mismos tramos de la cadena.
Dicha segunda opción la expresaré mucho más poéticamente jugando con el título de una película de Agustín Díaz Yanes: Nadie hablará de nosotros cuando hayamos muerto...
El informe de la Comisión Nacional de la Competencia sobre el Anteproyecto de Ley de Reequilibrio de la Cadena Alimentaria, de 18 páginas, se puede consultar en Internet.
Hay que reconocerle a la Comisión que se lo ha currado, ya que es obvio que han estudiado a fondo el proyecto y que han resaltado sus puntos débiles, tal vez incluso con un poco de ensañamiento, pero también armados con poderosos argumentos: la eficiencia económica y el bienestar del consumidor.
De hecho, hay algunos puntos en los que es difícil estar en contra. El MAGRAMA ha optado por un régimen mixto en el que conviven la normativa administrativa con el autocontrol mediante códigos de buenas practicas. Es cierto que suele ser lo uno o lo otro, y que puede resultar un tanto absurdo ese doble régimen. En este sentido la Ley podría reseñar la dirección en que la que debieran ir los mínimos del Código de Buenas Prácticas (uno), si esa es la opción elegida (y por la que parece apostar la CNC), o limitarse a enumerar las obligaciones de los agentes, opción que no parece gustarle demasiado a la Comisión a tenor de sus argumentaciones al respecto de que podría poner en peligro la eficiencia de la cadena y el bienestar de los consumidores.
Por otra parte, hay cuestiones mucho más discutibles. Para empezar, la primera crítica vertida sobre el proyecto y que deja clara por dónde va a ir el resto del documento. Se explica que, dado que se espera una regulación comunitaria al respecto, puede resultar caro para los agentes y para la propia Administración la creación de una normativa que pueda verse modificada a corto plazo o, a lo peor, contradicha. No le faltaría razón a la CNC si no estuviéramos hablando de la UE, una maquinaria perfectamente engrasada para retrasar las decisiones y eternizar el proceso de creación de nueva normativa. Por tanto, esta argumentación no puede contar con mi beneplácito si, como parece, la normativa estatal puede hacer algo ante un problema que no es futuro sino muy presente. Además, supongo que el Ministerio, por inocente que sea, habrá incorporado en su normativa la mayor parte de las cuestiones de las que se estén hablando en Bruselas, precisamente para evitar tener que modificar en lo sustancial su propia legislación a corto plazo.
Asimismo, el informe argumenta que muchos de los comportamientos que se regulan en el Anteproyecto ya están contempladas en otras normativas, y que el problema es que o bien no se aplican o bien ni los agentes que sufren las posibles prácticas abusivas ni las administraciones con capacidad inician los procedimientos establecidos. La verdad es que este argumento es muy potente, pues efectivamente existe una regulación de la competencia amplia en España. Pero también resulta evidente que no está funcionando. Tal vez sea precisamente porque el sistema no es eficiente desde el punto de vista de la distribución adecuada de los beneficios y de las responsabilidades de cada uno, que existan problemas de excesiva tensión en algunas de las partes de la propia cadena. O tal vez sea que los agentes son unos “quejicas” y, en realidad, sólo sea una leyenda urbana que en España se esté vendiendo el litro de leche por debajo de los costes de producción...
Pero, qué hacer. Está claro que la Comisión no parece que se vaya estar conforme con algo más allá que un marco general y la posibilidad de suscribir un código de buenas prácticas (y no 17). Es decir, en la práctica, el poder coercitivo de la ley va a quedar, si nada lo remedia, en agua de borrajas. Esta conclusión tiene dos posibles soluciones, como una ecuación de segundo grado: o se dejan llevar por la melancolía, sobre todo los agentes de aguas arriba, y siguen viéndolas venir cruzando los dedos; o bien se opta por la vía de la concentración y la ganancia de tamaño acelerada en esos mismos tramos de la cadena.
Dicha segunda opción la expresaré mucho más poéticamente jugando con el título de una película de Agustín Díaz Yanes: Nadie hablará de nosotros cuando hayamos muerto...